Los hechos del caso se refieren a la violación del derecho a la protección judicial en perjuicio de 233 miembros del Sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SIFUSE), debido a que el Estado no les proveyó un recurso efectivo frente a la aplicación retroactiva de dos decretos que eliminaban el sistema de escala salarial que los regía, todo ello pese a que la Constitución Política establecía la no retroactividad de este tipo de leyes.

El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la aplicación retroactiva de los mencionados decretos y por la falta de protección judicial frente a esta situación. Sin embargo, no aceptó su responsabilidad por la violación de la propiedad privada, debido a que la razón de los decretos se fundamentaba en la crisis económica que enfrentaba el país y que justificaba -en nombre del interés social- tal limitación al derecho de propiedad.

La Corte IDH entendió que el derecho a la pensión tiene efectos patrimoniales, por lo cual también se encuentra protegido por el derecho a la propiedad consagrado en la Convención Americana.

CADH
1.1, 25.1
1.1, 21.1, 21.2, 25, 1