Los hechos del caso se refieren a la prohibición de la fecundación in vitro establecida a partir de una decisión de la Corte Suprema de Justicia del año 2000 que declaró inconstitucional el decreto que regulaba esa práctica.

La Corte IDH analizó la interpretación restrictiva del artículo 4 de la Convención Americana, que consagra el derecho a la vida, realizada por la Corte Suprema costarricense, así como la prohibición absoluta para acceder a la fecundación in vitro. La Corte IDH afirmó que el embrión no puede ser considerado “persona” en los términos del artículo 4 de la Convención, pero estableció el principio de ponderación gradual e incremental de la vida prenatal.

La Corte IDH realizó un balance entre la restricción de derechos realizados en el caso, en particular el derecho a la vida privada, a la intimidad y a la autonomía reproductiva, y la importancia de la protección del embrión, para así concluir afirmando que esa restricción resulta en el caso desproporcionada y discriminatoria.

CADH
1.1, 2, 11.2, 17.2
1.1, 2, 24

CADH
1.1, 5.1, 7, 11.2, 17.2