8 de septiembre de 2017
REF.:

Caso Nº 12.311
Eduardo Benjamín Colindres
El Salvador

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el
objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso Nº 12.311 –
Eduardo Benjamín Colindres respecto de la República de El Salvador (en adelante “el Estado”, “El Salvador” o “el Estado
salvadoreño”).
El presente caso se relaciona con los ceses del señor Eduardo Benjamín Colindres de su cargo de magistrado del
Tribunal Supremo Electoral por parte de la Asamblea Legislativa, siendo el segundo el 17 de marzo de 1998. La Comisión
determinó que este cese tuvo lugar en violación a múltiples garantías del debido proceso y al principio de legalidad. Estas
violaciones fueron analizadas a la luz del principio de independencia judicial, tomando en cuenta el cargo que ocupara la
víctima. Así, la CIDH concluyó que la Asamblea Legislativa no tenía la atribución para separar al magistrado Colindres y que
el Estado no había regulado previamente los procedimientos aplicables para el cese de los miembros del Tribunal al cual
pertenecía. En ese sentido, la Comisión determinó la violación a contar con un juez competente. La CIDH también
consideró violada la garantía de imparcialidad, pues los diputados del partido al que pertenecía el magistrado Colindres,
que integraron la Asamblea Legislativa y formaron parte del órgano disciplinario, tenían la intención de sancionarlo por su
actuación en los casos que involucraban a dicho partido, teniendo un interés propio en el resultado de tales casos.
Igualmente, la Comisión declaró la violación al derecho a contar con decisiones motivadas y al principio de
legalidad. Sobre este punto, señaló que dado que el Estado no había adoptado las medidas de carácter legislativo para
crear un régimen disciplinario para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por lo cual no existían al momento de los
hechos causales disciplinarias ni sanciones aplicables. Asimismo, indicó que la decisión sancionatoria se basó en
motivaciones abstractas y ambiguas sin sustento normativo que las describiera como causal disciplinaria. Sobre el derecho
a ser oído y el derecho de defensa, la CIDH indicó que las oportunidades y previsibilidad para que el magistrado Colindres
pudiera ejercer sus medios de defensa se vieron severamente afectadas. Además de otras irregularidades identificadas, se
indicó que se le otorgó un plazo, excesivamente corto, de tres meses para ejercer el derecho de defensa, el cual careció de
previsibilidad por no existir norma que lo regulara. La Comisión también declaró que al no encontrarse regulada la
posibilidad de apelar la decisión de la Asamblea Legislativa, el Estado violó el derecho a recurrir el fallo. Igualmente,
declaró la violación del derecho a la protección judicial y la garantía de plazo razonable. Finalmente, la Comisión determinó
que derivado del cese arbitrario por todas las razones anteriores, el Estado también violó el derecho de accecer a la función
pública en condiciones de igualdad.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000
San José, Costa Rica

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