RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DE 25 DE MAYO DE 2017
SOLICITUD DE MEDIDAS PROVISIONALES
RESPECTO DE BOLIVIA
CASO I.V. VS. BOLIVIA
VISTO:
1.
La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas de 30 de noviembre
de 2016, mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte
Interamericana” o “la Corte”) declaró responsable internacionalmente al Estado Plurinacional de
Bolivia (en adelante “el Estado de Bolivia”, “el Estado” o “Bolivia”) por la violación de los derechos
a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso
a la información y a fundar una familia, reconocidos en los artículos 5.1, 7.1, 11.1, 11.2, 13.1 y
17.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención
Americana” o “la Convención”), en relación con las obligaciones de respetar y garantizar esos
derechos y de no discriminar contenidas en el artículo 1.1 de la misma, así como por no cumplir
con sus obligaciones bajo el artículo 7.a) y b) de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará”, en perjuicio de
la señora I.V. Ello, en razón de la ligadura de las trompas de Falopio que le fue practicada el 1 de
julio de 2000 en Bolivia por un funcionario público en un hospital estatal, la cual fue contraria a las
obligaciones internacionales del Estado, toda vez que tal procedimiento se llevó a cabo sin obtener
el consentimiento informado de la paciente, bajo los parámetros establecidos en el derecho
internacional para este tipo de actos médicos al momento de los hechos. Además, la Corte
concluyó que la esterilización sin su consentimiento informado, en las circunstancias particulares de
este caso, constituyó un trato cruel, inhumano y degradante contrario a la dignidad del ser
humano, por lo que el Estado fue declarado responsable por la violación del derecho a la integridad
personal, reconocido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con la
obligación de respetar, contenida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora I.V.
Finalmente, la Corte declaró al Estado responsable por la violación de los derechos a las garantías
judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana,
en relación con las obligaciones de respetar y garantizar esos derechos y de no discriminar
contenidas en el artículo 1.1 de la misma, así como por no cumplir con sus obligaciones bajo el
artículo 7.b), c), f) y g) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de la señora I.V. Entre las
reparaciones dispuestas, en el punto resolutivo octavo de la Sentencia, la Corte ordenó que: “[e]l
Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de
forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y, específicamente en salud sexual y
reproductiva, así como tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, a la señora I.V., de conformidad
con lo establecido en el párrafo 332 de [la] Sentencia”. La señora I.V. dispone de un plazo de seis
meses, contado a partir del 22 de diciembre de 2016, fecha de notificación de la Sentencia, para
dar a conocer al Estado su intención de recibir atención psicológica y/o psiquiátrica a través de sus
instituciones de salud especializadas.
2.
El escrito de 19 de marzo de 2017, mediante el cual la representante de la víctima solicitó
una interpretación de la Sentencia dictada por el Tribunal. Entre los puntos de interpretación
solicitados, figura el relativo a la medida de reparación de atención médica, así como psicológica
y/o psiquiátrica. En particular, la representante solicitó a la Corte que interpretara los párrafos 332
y 372(8) de su Sentencia, a efecto de que la víctima pudiera comunicar al Estado, antes de

Select target paragraph3