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Provincial Penal de Lima. La Fiscalía ordenó el inicio de la investigación preliminar a la
policía especializada, que elaboró el Atestado Policial No. 847-2017-DIRICRIPNP/DIVIEOD-D2 “concluyendo por la responsabilidad penal de los referidos
denunciados e investigados, así como de otras tres personas más, por la comisión de
los delitos de Usurpación Agravada y el de Apropiación Ilícita”. La policía devolvió los
actuados a la Fiscalía, la cual en lugar de formular denuncia penal, ante una solicitud
del abogado denunciado y con una “celeridad inusual”, dispuso la ampliación de la
investigación. (sin marcar negritas del original)

b)

en el marco de dicha ampliación es que el señor Galindo Cárdenas alega que
tanto el abogado denunciado “en concierto” con los abogados del referido Estudio y
los otros investigados, “empiezan a desarrollar continuos y agraviantes actos […] con
el deliberado propósito de desacreditar[lo] como profesional y persona” y solicitaron
que “se proceda a denunciar[lo] por el delito de Falsa Denuncia”. Agregó que “con
absoluta temeridad y mala fe, le exigieron y pretendieron CRIMINALIZAR [SU]
EJERCICIO PROFESIONAL DE ABOGADO POR EL SOLO HECHO DE DEFENDER DE
MANERA FORMAL Y CON LAS PRUEBAS PERTINENTES [SUS] LEGITIMOS DERECHOS
FUNDAMENTALES QUE SE VENIAN VIOLANDO, YA CONSUMADOS, ASI COMO LOS DE
LA EMPRESA VIAJES TROTAMUNDO. COMS.A.C. DE LA QUE [ES] SOCIO Y SU
REPRESENTANTE LEGAL”. (mayúsculas de original) Agregó que “los agraviantes y
temerarios actos procesales desarrollados por los investigados, patrocinados por el
influyente Estudio Jurídico […], y como también, el irregular y sospechoso ejercicio
Fiscal de la magistrada [a cargo] tuvieron como propósitos, primero, el de causar[le]
agravios profesionales y personales, al solicitar temerariamente criminalizar [su]
ejercicio profesional de Abogado, y segundo, la prevaricadora Resolución de
Archivamiento Definitivo de la investigación expedida por dicha Fiscal, con la que se
[le] viene causando evidentes daños y perjuicios, contraviniendo abiertamente el
marco Constitucional y Legal interno”. (sin marcar negritas del original)
c)
Concluyó que “ante la arbitraria e ilegal resolución de archivamiento expedido
por la Fiscal […], pende sobre [su] persona una eventual denuncia penal, por
supuestamente haber efectuado una denuncia falsa contra los denunciados, conforme
así se lo solicitaron a la Fiscal, y simultáneamente también las copias certificadas que
la aparejan, los abogados del Estudio que patrocinan a los investigados; singular y
controvertida situación legal, que pone en inminente riesgo [su] integridad física y
psíquica, siendo unas de las razones para que de manera oportuna y de acuerdo a la
ley, se [le] otorguen garantías de protección judicial, y de esa manera se ampare [su]
solicitud de medidas provisionales”.

CONSIDERANDO:
1.
El Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) el 28 de julio de
1978 y, de acuerdo con su artículo 62, reconoció la competencia contenciosa de la
Corte el 21 de enero de 1981.
2.
En los términos del artículo 27.3 del Reglamento de la Corte, “[e]n los casos
contenciosos que ya se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas o las
presuntas víctimas, o sus representantes, podrán presentar directamente a ésta una
solicitud de medidas provisionales, las que deberán tener relación con el objeto del
caso”.

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