RESOLUCIÓN
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

SOLICITUD DE MEDIDAS PROVISIONALES
RESPECTO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
CASO GALINDO CÁRDENAS

VISTOS:
1.
La Sentencia del Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú de 2 de octubre de
2015 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
también “la Corte” o “este Tribunal”) sobre excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas, y la Sentencia de Interpretación del referido Fallo dictada el
21 de noviembre de 2016 por este Tribunal.
2.
El escrito de 3 de octubre de 2018 y sus anexos, mediante los cuales el señor
Luis Antonio Galindo Cárdenas (en adelante también “el señor Galindo Cárdenas” o
“el señor Galindo”) solicitó la adopción de medidas provisionales a su favor. En dicha
solicitud de medidas provisionales el señor Galindo Cárdenas señaló que en su
“condición de víctima y agraviado por [v]iolación a los [d]erechos [h]umanos”,
conforme a las Sentencias dictadas por la Corte y de acuerdo a las obligaciones
contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “por las cuales,
los Estados-Partes, en este caso la República del Perú [(en adelante también “el
Estado” o “Perú”)], deben respetar los derechos consagrados en ese instrumento
internacional, y garantizar el libre y pleno ejercicio, a toda persona dentro de su
jurisdicción, de derechos y garantías que obligan no solo al Estado, sino que además
alcanzan a terceros privados; en ese sentido, ante actos arbitrarios que violentan
DD.HH., como son el irrestricto ejercicio de [su] profesión de abogado, y el de la
defensa de [su] patrimonio, los que se vienen dando en el marco de una investigación
preliminar a cargo de la Fiscal Provincial Penal […], titular de la 21 Fiscalía Provincial
Penal de Lima-Perú, en el cual interviene un influyente Estudio Jurídico […], solicitó
se [le] concedan u otorguen medidas provisionales”. (sin marcar mayúsculas y
negrita del original)
3.

Los hechos en que fundamenta la solicitud, entre otros, son los siguientes:
a)

en su condición de socio y representante legal de la empresa viajes
Trotamundo S.A.C, el 27 de mayo de 2017 formuló denuncia penal contra dos
personas, siendo una de ellas abogado y socio del Estudio Benítez, Vargas & Ugaz
Abogados; por los delitos de Usurpación Agravada y otros, en su agravio y de la
referida empresa, la cual fue remitida por la Policía de la DIRINCRI a la 21 Fiscalía

El Juez Humberto Antonio Sierra Porto, por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del
Tribunal, no participó en la deliberación y firma de la presente Resolución.
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