INFORME No. 24/18
CASO 12.982
FONDO
AZUL ROJAS MARÍN1 Y OTRA
PERÚ2
24 de febrero de 2018

I.

RESUMEN

1.
El 15 de abril de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
(PROMSEX) y Redress Trust (en adelante “la parte peticionaria”) en la cual se alega la responsabilidad
internacional de la República del Perú (en adelante “el Estado peruano”, “el Estado” o “Perú”) en perjuicio de
Azul Rojas Marín y su madre, Juana Rosa Tanta Marín.
2.
La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 99/14 el 6 de noviembre de 20143. El 26
de noviembre de 2014 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar
a una solución amistosa. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones
adicionales sobre el fondo. El 1 de diciembre de 2016 la CIDH celebró una audiencia sobre el fondo del caso.
Toda la información recibida fue debidamente trasladada entre las partes.
3.
La parte peticionaria alegó que Azul Rojas Marín fue detenida ilegal y arbitrariamente por
funcionarios policiales, y que durante su detención fue objeto de graves agresiones físicas y psicológicas,
incluyendo tortura sexual. Alegó que la tortura tuvo como fin humillarla y castigarla por su orientación sexual.
Sostuvo que la investigación penal no fue un recurso efectivo ya que no se investigaron con debida diligencia
los hechos. Agregó que Azul fue revictimizada. También alegó que la madre de Azul, Juana Rojas Marín, sufrió
graves afectaciones a su salud por lo ocurrido a su hija.
4.
El Estado alegó que la detención de Azul Rojas Marín fue ajustada al debido proceso y la
normativa legal. En relación con los hechos denunciados durante su detención, el Estado sostuvo que las
autoridades internas en el marco de su competencia investigaron debidamente lo sucedido y realizaron las
determinaciones jurídicas que correspondían.
5.
Con base en las determinaciones de hecho y de derecho, la Comisión Interamericana concluyó
que el Estado es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3,
8.1, 25.1, 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención
Americana” o “la Convención”), en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo
instrumento. Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 1,
6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “la CIPST”). La
Comisión formuló las recomendaciones respectivas.

II.

ALEGATOS DE LAS PARTES

A.

Parte peticionaria

6.
La parte peticionaria alegó que el 25 de febrero de 2008 en horas de la madrugada, Azul Rojas
Marín fue detenida de forma ilegal y arbitraria, y ejerciendo violencia física y psicológica, por personal de
serenazgo y un agente de policía en la Provincia de Trujillo, Departamento de Libertad. Alegaron que fue
1 Durante el trámite en la etapa de admisibilidad, la parte peticionaria identificó a la presunta víctima como Luis Alberto Rojas
Marín. Posteriormente en la etapa de fondo, la parte peticionaria informó que la presunta víctima se identifica en la actualidad como una
“persona de género trans femenina” y que su nombre identitario es Azul. En vista de esto, solicitó que todas las referencias a la presunta
víctima se hicieran con dicho reconocimiento. La CIDH consideró que esto era procedente.
2 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Francisco Eguiguren Praeli, de
nacionalidad peruana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
3 CIDH. Informe No. 99/14. Petición 446-09. Admisibilidad. [Azul] Rojas Marín. Perú. 6 de noviembre de 2014.

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