RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

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DE 14 DE MAYO DE 2013
CASO CONTRERAS Y OTROS VS. EL SALVADOR

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VISTO:
1.
La Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida el 31 de agosto de 2011 (en
adelante “la Sentencia”) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), mediante la cual aceptó el reconocimiento
de responsabilidad internacional efectuado por la República de El Salvador (en adelante “el
Estado” o “El Salvador”) y declaró a éste responsable internacionalmente por las
desapariciones forzadas de Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez, Gregoria
Herminia Contreras, Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras y José Rubén Rivera
Rivera, perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas entre 1981 y 1983, las cuales se
enmarcaron en la fase más cruenta del conflicto armado interno en El Salvador y se
insertaron en el patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas, quienes
eran sustraídos y retenidos ilegalmente por miembros de las Fuerzas Armadas en el
contexto de los operativos de contrainsurgencia, práctica que implicó, en muchos casos, la
apropiación de los niños y niñas e inscripción con otro nombre o bajo datos falsos.
Transcurridos aproximadamente 30 años desde dichas desapariciones forzadas, sin que
ninguno de sus autores materiales o intelectuales haya sido identificado y procesado, y sin
que se conozca aún toda la verdad sobre los hechos, al momento del dictado de la
Sentencia se había establecido únicamente el paradero de Gregoria Herminia Contreras por
la acción de un organismo no estatal. De este modo, prevalecía una situación de impunidad
total. Asimismo, las circunstancias de este caso demostraron que las tres familias afectadas
por las desapariciones de uno o más de sus hijos e hijas vieron su sufrimiento agravado por
la privación de la verdad tanto respecto de lo sucedido como del paradero de las víctimas, y
por la falta de colaboración de las autoridades estatales a fin de establecer dicha verdad. En
consecuencia, se concluyó la violación de los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7, 7.6, 8.1, 11.2,
17.1, 18, 19 y 25.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre

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El Juez Eduardo Vio Grossi informó al Tribunal que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar presente
en la deliberación y firma de la presente Resolución.

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