RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018
CASO JENKINS VS. ARGENTINA
CONVOCATORIA A AUDIENCIA
VISTO:
1.
El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la
Comisión”); el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante el “escrito de
solicitudes y argumentos”) de los representantes1 de la presunta víctima (en adelante
“los representantes”), y el escrito de contestación al sometimiento del caso y al escrito
de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”) del Estado de
Argentina (en adelante “Argentina” o “el Estado”).
2.
Las listas definitivas de declarantes presentadas por los representantes y la
Comisión. El Estado no ofreció declarantes ni peritos a tenor de lo previsto en el artículo
41.1.c del Reglamento del Tribunal.
3.
Las correspondientes observaciones a dichas listas presentadas por el Estado. La
Comisión señaló que “no t[enía] observaciones que formular [a la lista definitiva de
declarantes presentada por los representantes]”.
CONSIDERANDO QUE:
1.
El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de declarantes,
testigos y peritos se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 47,
48, 50, 52.3 y 57 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”).
2.
La Comisión ofreció como prueba un dictamen pericial. Los representantes
ofrecieron tres declaraciones y dos peritajes. La Corte garantizó a las partes el derecho
de defensa respecto de los ofrecimientos probatorios oportunamente realizados.
3.
La Comisión señaló que no tenía observaciones a la lista definitiva presentada por
los representantes. Por su parte, el Estado objetó la admisión de las declaraciones de
Kevin Gabriel Jenkins, ofrecido como testigo por los representantes, así como la de
Tomás Las Peñas Vallejo, perito ofrecido por los representantes.

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento de la Corte, la presunta víctima en este caso es
representada por los Defensores Públicos Interamericanos Octavio Tito Sufán Farías y Nilda López Britez, cuya
designación para desempeñar esa función fue informada por la Asociación Interamericana de Defensorías
Públicas (AIDEF) a la Secretaría de la Corte el 14 de noviembre y ratificada el 3 de diciembre 2017.
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