26 de enero de 2018
Ref.:

Caso No. 11.782
Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila Pérez
Guatemala

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Caso Nº 11.782 – Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila
Pérez respecto de la República de Guatemala (en adelante “el Estado”, “el Estado guatemalteco” o
“Guatemala”).
El presente caso se relaciona con una serie de violaciones al debido proceso cometidas en el marco
del proceso penal contra las víctimas por el delito de asesinato y tentativa de asesinato de miembros de la
Patrulla 603 de la Policía Nacional de Guatemala. Las víctimas fueron condenadas a la pena de muerte el 23
de mayo de 1996 por el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal. La Comisión constató que la pena de muerte en
contra de las víctimas fue impuesta tras considerar por acreditada su peligrosidad futura, figura
contemplada en el tipo penal de asesinato. La Comisión concluyó que la utilización la figura de peligrosidad
para sustentar la responsabilidad penal incumplió con el principio de legalidad, ya que tal figura incorpora
predicciones y especulaciones y constituye una expresión del derecho penal de autor incompatible con
principios esenciales de una sociedad democrática. Por otra parte, la Comisión acreditó que el Presidente
del Tribunal de Sentencia que condenó a las víctimas, ya había actuado como juez de control en la etapa de
investigación. La Comisión concluyó que cumplir ambas funciones, de juez de control y de juez de
sentencia, resultó violatorio de la garantía de imparcialidad porque implicó que dicha autoridad se
formara, antes del juicio, una idea sobre los hechos y la manera en que los mismos encuadraban en dicho
tipo penal.
Adicionalmente, la Comisión determinó que en el marco del proceso el Estado violó el derecho de
defensa así como el deber de motivación en relación con la presunción de inocencia porque: 1) en la
práctica de ciertas pruebas, no se siguieron las formalidades legales, lo cual el mismo Tribunal acreditó, sin
explicar las razones por las cuales dicha situación no perjudicó las posibilidades de defensa y presunción de
inocencia de las victimas del caso; y 2) el Tribunal de sentencia descartó una serie de elementos de prueba
propuestos por la defensa, limitándose a indicar que las mismas faltaban a la verdad, sin justificar tal
afirmación.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000
San José, Costa Rica

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