INFORME Nº 25/181
ADMISIBILIDAD Y FONDO
CASO 12.428
EMPLEADOS DE LA FÁBRICA DE FUEGOS EN SANTO ANTÔNIO DE JESUS Y SUS FAMILIARES
BRASIL
2 de marzo de 2018

I.

RESUMEN

1.
El 3 de diciembre de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la
Comisión Interamericana", “la Comisión“ o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por el Centro de Justiça
Global, Movimento 11 de Dezembro, Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
– Subseção de Salvador –, Fórum de Direitos Humanos de Santo Antônio de Jesus/Bahia, Ailton Jose dos Santos,
Yulo Oiticica Pereira y Nelson Portela Pellegrino (en adelante “la parte peticionaria”), en la cual se alega la
responsabilidad internacional de la República Federativa de Brasil (en adelante “el Estado brasileño”, "el
Estado" o “Brasil”) por violaciones de derechos humanos en perjuicio de 70 personas y sus familiares .
2.
El 7 de octubre de 2003, de conformidad con el artículo 37.3 de su Reglamento entonces
vigente, la Comisión informó a las partes su decisión de diferir el pronunciamiento de admisibilidad hasta el
debate y decisión sobre el fondo. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus
observaciones. El 19 de octubre de 2006, la Comisión llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso. Al día
siguiente, se realizó una reunión de trabajo con las partes, en la que acordaron iniciar un proceso de solución
amistosa; sin embargo, el 18 de octubre de 2010, la parte peticionaria solicitó a la CIDH que emitiera el informe
de fondo.
3.
La parte peticionaria señaló que el 11 de diciembre de 1998 explotó una fábrica de fuegos
artificiales en Santo Antônio de Jesús, Estado de Bahía, Brasil, en donde murieron 64 personas y seis resultaron
gravemente heridas. Indicó que la fábrica funcionaba clandestinamente, guardaba material prohibido y
operaba sin las condiciones mínimas de seguridad. Afirmó que, tras la tragedia, se interpusieron acciones
penales, civiles y laborales que resultaron inefectivas.
4.
Por su parte, el Estado brasileño señaló que no hubo omisión ni negligencia en su actuación,
puesto que la explosión de la fábrica fue responsabilidad de particulares y no estuvieron involucrados agentes
estatales. Según el Estado, se adoptaron las medidas necesarias para la reparación de los perjuicios a las
víctimas y sus familias, además de que se siguieron procesos penales, laborales y civiles para la resolución de
todas las pretensiones jurídicas de la parte peticionaria. El Estado agregó que está intentando cambiar las
desfavorables condiciones de vida de los habitantes de aquella región, sobre todo de las trabajadoras y
trabajadores que actúan informalmente en fábricas de fuegos artificiales.
5.
La Comisión concluyó que la petición es admisible y el Estado de Brasil es responsable por la
violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, en relación con el deber de especial protección de
la niñez, al derecho al trabajo, a la igualdad y no discriminación, a las garantías judiciales y protección judicial,
establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 19, 24, 26, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con las
obligaciones establecidas en el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas que se
individualizan en el Anexo Único del presente informe.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, la comisionada Flavia Piovesan, de nacionalidad brasileña,
no participó del debate ni de la decisión del presente caso.
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