INFORME Nº 17/06 1
PETICIÓN 531-01
ADMISIBILIDAD
SEBASTIÁN CLAUS FURLAN Y FAMILIA
ARGENTINA
2 de marzo de 2006
I.

RESUMEN

1 El presente informe se refiere a la admisibilidad de la petición 531-01, abierta por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "Comisión Interamericana", "Comisión" o
"CIDH") en virtud de la presentación de una serie de comunicaciones, a partir del 18 de julio de
2001, por parte de Danilo Pedro Furlan, padre de la presunta víctima, Sebastián Furlan, (en lo
sucesivo "el peticionario" contra la República Argentina (en lo sucesivo "Argentina" o "el Estado").
El peticionario alega que el Estado ha incurrido en responsabilidad en el marco de la Convención
Americana por faltar a su obligación de impartir justicia en forma oportuna en actuaciones
judiciales en que se reclamaba indemnización por un accidente sufrido por su hijo.
2 El peticionario señala que Sebastián Furlan, entonces de 14 años de edad, sufrió graves lesiones
en virtud de un accidente que tuvo lugar en un campo de entrenamiento militar abandonado, en
la localidad de Ciudadela, en la Provincia de Buenos Aires. Relata que Sebastián y otros niños
estaban jugando en la zona, usada por los vecinos como espacio público, y un pesado travesaño
cayó sobre la cabeza del primero, quien según su padre, sufrió fractura de cráneo y lesiones
cognitivas, psicológica y físicas irreversibles.
3. En la petición se señala que debido a la gravedad y permanencia de las lesiones y a la
necesidad de asistencia y tratamiento para Sebastián, en 1990 su padre promovió actuaciones
judiciales en procura de indemnización. Este procedimiento se resolvió en primera instancia en
una sentencia del año 2000 en la que se declaró responsable al Estado por haber creado una
situación de riesgo, pero se añadía que Sebastián había incurrido en un 30% de responsabilidad
por haber penetrado en el lugar. El juzgado determinó el monto del daño en base al 70% de la
responsabilidad que correspondía al Estado. Esa sentencia fue confirmada en apelación en el
mismo año y se ejecutó en 2003. El peticionario cuestiona el procedimiento judicial, sosteniendo
que sufrió demoras injustificadas, y aduce que la indemnización adjudicada en definitiva fue
mínima y no guarda proporción con la responsabilidad en que incurrió el Estado, dada la gravedad
y permanencia del daño.
4. El Estado, por su parte, sostiene que el peticionario tuvo pleno acceso a recursos judiciales
efectivos, que funcionaron con las debidas garantías necesarias para que la sentencia se dictara
conforme a la legislación aplicable. Sostiene que si el peticionario discrepaba con la indemnización
adjudicada debió haber agotado el mecanismo adicional de un recurso extraordinario a nivel
federal ante la Corte Suprema de Justicia. El Estado sostiene que como el peticionario no agotó
ese recurso, la petición es inadmisible. Alega además que el cuestionamiento, por parte del
peticionario, del monto de la indemnización, es una cuestión de derecho interno, y que para
pronunciarse sobre la petición la Comisión tendría que actuar como "cuarta instancia" de
apelación, lo que rebasaría los límites de su competencia.
5. En virtud del análisis que sigue, la Comisión concluyó que si bien la impugnación de la suma
de una indemnización no representar en sí mismo un reclamo admisible conforme a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo "Convención Americana" o “la
Convención”), otros aspectos de la petición se refieren a cuestiones comprendidas en el ámbito
de la Convención y que son admisibles conforme a lo dispuesto por los artículos 46 y 47 de la
1 El Comisionado Víctor E. Abramovich, de nacionalidad argentina, no participó en las deliberaciones ni en la decisión del
presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión.

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