22 de septiembre de 2017
REF.:

Caso Nº 12.056
Gabriel Oscar Jenkins
Argentina

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de presentar ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos el
Caso Nº 12.056 – Gabriel Oscar Jenkins respecto de la República de Argentina (en adelante “el Estado”,
“el Estado argentino” o “Argentina”), relacionado con la privación arbitraria de libertad de Gabriel Oscar
Jenkins desde el 8 de junio de 1994 hasta el 13 de noviembre de 1997, en el marco de la causa conocida
como “Padilla Echeverry y otros” seguida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 por los delitos
de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita, de los cuales fue finalmente absuelto. La
Comisión determinó que la arbitrariedad de la detención preventiva se evidenció en el hecho de que la
misma operaba de manera automática y que, en el caso del señor Jenkins, se basó en indicios de
responsabilidad y no persiguió fin procesal alguno motivado de manera individualizada en las decisiones
respectivas. Asimismo, la Comisión estableció que durante el tiempo en que el señor Jenkins estuvo
privado de libertad, no se realizó ninguna revisión de su detención preventiva y la necesidad de
mantenerla. Esta falta de revisión se dio como consecuencia de que, como se dijo, la detención
preventiva operaba de manera automática y existía una prohibición legal de excarcelación en el artículo
10 de la Ley 24.390 para el delito por el cual era procesado. En consecuencia, la CIDH determinó que la
duración de tres años y cinco meses de la detención preventiva fue excesiva y constituyó una
anticipación de la pena. La Comisión agregó que los recursos judiciales interpuestos no posibilitaron una
revisión sin demora y efectiva tanto de la motivación como de la duración de la detención preventiva.
La CIDH también determinó que la diferencia de trato contemplada en el artículo 10 de la Ley 24.390 y
su aplicación al presente caso, resultó incompatible con el derecho a la igualdad ante la ley. Finalmente,
la Comisión concluyó que la acción civil de daños y perjuicios interpuesta por el señor Jenkins, tuvo una
duración irrazonable.
El Estado argentino ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la
competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 5 de septiembre de 1984.
La CIDH ha designado al Comisionado Francisco Eguiguren y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão,
como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano
Guzmán y Christian González Chacón, abogada y abogado de la Secretaría Ejecutiva, actuarán como
asesoras y asesor legales.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000,San José, Costa Rica

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