RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*
DE 10 DE FEBRERO DE 2017
CASO RODRÍGUEZ VERA Y OTROS (DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA)
VS. COLOMBIA
SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
VISTO:
1.
La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante
“la Sentencia”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 14 de noviembre de 20141. Tomando en
cuenta el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por la República de Colombia
(en adelante “el Estado” o “Colombia”), la Corte concluyó que el Estado era
internacionalmente responsable por determinadas violaciones de derechos humanos
cometidas en el marco de los sucesos conocidos como “la toma” y “la retoma” del Palacio de
Justicia, ocurridos en la ciudad de Bogotá los días 6 y 7 de noviembre de 1985. En las
referidas fechas, el grupo guerrillero conocido como M-19 tomó violentamente las
instalaciones del Palacio de Justicia, donde tenían su sede la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado colombiano, tomando como rehenes a cientos de personas entre
magistrados, magistrados auxiliares, abogados, empleados administrativos y de servicios,
así como visitantes. Ante dicha incursión armada de la guerrilla, las fuerzas de seguridad del
Estado realizaron una operación militar de “retoma”, que ha sido calificada como
desproporcionada y excesiva por tribunales internos. Dentro de ese contexto, la Corte
determinó que el Estado había incumplido su deber de prevención respecto de la toma del
Palacio de Justicia por parte del M-19, puesto que conocía el riesgo en que se encontraban
las personas previo a dicha toma. Asimismo, con respecto a las actuaciones posteriores a la
retoma del Palacio de Justicia, la Corte encontró que el Estado era responsable por las
desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia (Carlos
Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo
Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary
Portela León), de dos visitantes (Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao) y de
una guerrillera del M-19 (Irma Franco Pineda), así como por la desaparición forzada y
ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. Se tuvo por
probado que las personas consideradas sospechosas de participar en la toma o de colaborar
con el M-19 fueron separadas de los rehenes, conducidas a instituciones militares y en
algunos casos torturados y/o desaparecidos. Por otra parte, el Estado fue declarado
internacionalmente responsable por haber violado su deber de garantizar el derecho a la
vida por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por dieciséis
años, y de Norma Constanza Esguerra Forero a la fecha de la Sentencia. Además, se
determinó la responsabilidad de Colombia por las detenciones ilegales y torturas o tratos
*
El Juez Humberto Antonio Sierra Porto, de nacionalidad colombiana, no participó en la deliberación y firma de
la Sentencia del presente caso, ni en el conocimiento y deliberación de la presente Resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte. Asimismo, el Juez L. Patricio Pazmiño Freire no
participó en la deliberación y firma de la presente Resolución por razones de fuerza mayor.
1
Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287. El texto
íntegro
de
la
Sentencia
se
encuentra
disponible
en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf. La Sentencia fue notificada el 10 de diciembre
de 2014.

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